El año pasado se intentó derogar la ley trans en Uruguay. A pesar de las fake news y las campañas en redes, los sectores más conservadores no lograron su cometido, pero la democracia y el debate público sufrieron en el camino.
Contexto
En 2018 se aprobó en Uruguay la Ley Integral para Personas Trans. En marzo de 2019, dos integrantes del Partido Nacional (Carlos Iafigliola y Álvaro Dastague) presentaron firmas para iniciar el proceso para derogarla, a pesar de no contar con el respaldo de su partido como sector político. Finalmente, en agosto, la iniciativa fracasó en las urnas, tras la votación de un 10% del padrón electoral (se necesitaba un 25% para luego llevarse a consulta popular en las próximas elecciones nacionales).
Embarrando la cancha
Iafigliola y Dastague son reconocidos por sus posturas antiderechos. Iafigliola pertenece a la Corriente Social Cristiana y se define como defensor de la vida, los valores y la familia; se opuso a la ley del aborto y a la ESI en las escuelas públicas. Dastugue, por su parte, posee fuertes vínculos con la iglesia evangélica Misión Vida, los hogares Beraca y el movimiento Con mis hijos no te metas.
Mediante la campaña «Todos somos iguales», estos políticos recaudaron firmas (y luego votos) basados en la divulgación de información falsa. Por ejemplo, Iafigliola sostuvo que la ley permite «la hormonización de niños y adolescentes, introduce la ideología de género y otorga privilegios a las personas trans por encima del resto de los ciudadanos».
Unos meses antes, a fines de 2018, había surgido Verificado.uy, un grupo de medios, periodistas, organizaciones sociales y universidades cuyo objetivo era combatir la desinformación. La primera noticia que este colectivo investigó fue, justamente, un posteo de Facebook que se había viralizado y que compartía la afirmación de Iafigliola. El chequeo de Verificado.uy concluyó que la premisa era falsa.
Un paso más en la desinformación
Pero eso no fue todo. También se generaron placas y posteos con información que ya no atacaba directamente la ley ni se centraba en disputas ideológicas o religiosas, sino que buscaba confundir sobre la instancia electoral.
Tomé esta captura el 31 de julio de 2019. Me apareció como publicidad en Instagram mientras pasaba de historia a historia.
En un falso apoyo a la ley trans, el posteo invita a concurrir a las urnas y fomenta la “discusión” de la ciudadanía. Esto, además de falso, es preocupante en distintos niveles. Primero, porque la instancia electoral funcionaba exclusivamente para manifestarse en contra de la ley; es decir, si una persona votaba en ese referéndum, era porque estaba de acuerdo en derogar la norma.
Segundo, porque apela a la estética del movimiento LGBT+ (incluido el “love is love”) e intenta usar (no lo hace de forma correcta) la frase que guio la contracampaña: #LaLeyTransNoSeToca, lo que resulta engañoso y puede confundir a quien no está del todo familiarizado con estas causas o incluso a quienes las apoyan.
Como se puede ver, el contenido está pautado. Es decir: existió un grupo de personas que se encargó de formular este posteo e invertir dinero en Instagram para aumentar su alcance.
En su momento, recuerdo haber ingresado al perfil del “anunciante”. Me acuerdo de que me pareció una cuenta sospechosa, con una fecha de creación reciente y posteos muy genéricos. No era, en realidad, una persona, sino más bien un clásico troll. Hoy busqué ese perfil, pero, como era de esperar, ya no existe (o cambió su nombre de usuario).
El daño de las fake news
Más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener con quienes presentan iniciativas que buscan recortar derechos adquiridos, generar a propósito mensajes confusos, como el de la historia de Instagram, resulta malicioso y hasta antidemocrático. El avance de los movimientos antiderechos en la región es evidente y se vuelve urgente cuando los discursos se traducen en acciones.
No debemos subestimar la fuerza de los sectores que atacan derechos adquiridos de minorías vulneradas, a pesar de que (como sucedió en este caso o en el intento de derogación de la ley del aborto) estas arremetidas no logren su comentido. Si bien Uruguay puede considerarse el país más laico de Latinoamérica, estas agrupaciones existen, tienen poder político (han logrado escaños en el Parlamento, entre otras cosas) y económico (algunos de sus exponentes son dueños de varios medios de comunicación), y están captando la atención de muchos jóvenes.
Ilustraciones: Camilo Bejarano